En esta página mostramos qué puede reconstruirse a partir del rastro de emisiones y revocaciones que deja cada credencial verificable, y qué queda deliberadamente fuera del registro. No hay métricas de adopción ni cifras de ahorro: solo el comportamiento documentado del sistema cuando una entidad adherida emite, renueva o retira un atributo.
Cuando una entidad adherida valida un atributo, la credencial queda firmada con su identificador, la fecha de emisión y la vigencia declarada. Ese conjunto es lo que después permite responder si el atributo estaba activo en la fecha de una operación concreta, sin necesidad de volver a pedir el expediente al inversor.
Retirar una credencial no borra el historial: agrega un evento con la entidad que lo dispuso y el momento en que ocurrió. La trazabilidad conserva ambas capas, emisión y revocación, porque una auditoría posterior necesita ver la secuencia completa y no solo el estado final del atributo.
El registro no almacena pasaportes, contratos ni formularios originales. La prueba criptográfica confirma que una entidad autorizada validó el atributo, pero no expone el contenido del expediente. La evidencia es la huella de la verificación, no el documento que la respaldó.
La ausencia de documentos originales es una decisión de diseño, no una limitación pendiente. Para mesas OTC con inversores institucionales implica que una revisión posterior puede verificar cuándo se emitió una credencial y quién la revocó, pero no puede reconstruir el contenido del expediente original.
Si su entidad necesita revisar cómo se comporta este rastro antes de adherir al registro, la evaluación técnica se coordina desde Buenos Aires.
Coordinar evaluación técnicaUn registro compartido de identidad para mesas OTC arrastra una ambigüedad que conviene despejar antes de cualquier evaluación técnica: no es un archivo de expedientes, no reemplaza el criterio de cada entidad y no convierte una credencial emitida en una plaza en un permiso automático para operar en otra. Estas precisiones no son letra chica. Definen qué se puede auditar, qué se conserva y qué responsabilidad asume cada miembro del consorcio cuando acepta una credencial ajena.
Cuando una entidad adherida emite una credencial verificable, lo que viaja es la afirmación de que un atributo fue validado en una fecha concreta. El pasaporte, el contrato o el estado de cuenta que respaldaron esa validación no se copian al registro ni se comparten con las demás mesas. La prueba criptográfica confirma quién firmó la verificación y cuándo, pero no revela el contenido del documento de origen. Si una contraparte necesita ver el respaldo material, debe pedirlo por los canales que ya usa hoy.
El estatuto de gobernanza fija qué atributos puede certificar cada tipo de entidad y bajo qué evidencia. Una mesa puede reconocer una credencial de condición de inversor calificado emitida por un custodio y, al mismo tiempo, exigir verificación adicional para un atributo distinto que ese custodio no está autorizado a firmar. La aceptación es por atributo y por emisor, no un cheque en blanco entre miembros.
Cuando una entidad retira una credencial porque el inversor cambió de condición, el registro conserva la marca de revocación con su fecha. Eso permite reconstruir después si un atributo estaba vigente en el momento de una operación puntual. Lo que no se conserva es el motivo clínico, financiero o personal detrás de la revocación: ese detalle queda en la entidad que la emitió.
Ninguna credencial exime a una mesa de cumplir con las obligaciones que su jurisdicción le impone sobre el cliente que tiene enfrente. El registro reduce la repetición de verificaciones ya hechas, pero la decisión de abrir una operación sigue siendo de cada entidad y bajo su propio marco normativo. Cuando una definición local no coincide con el atributo certificado, prevalece el criterio regulatorio de la plaza donde se opera.
Cada credencial lleva su propia fecha de vencimiento, fijada por la entidad que la emitió según el atributo y su régimen aplicable. El registro no extiende vigencias ni las acorta por decisión propia. Una credencial vencida deja de ser válida para nuevas operaciones, aunque su rastro histórico permanezca consultable para auditorías posteriores.
Estas condiciones forman parte del estatuto que cualquier entidad debe aceptar antes de emitir o reconocer credenciales dentro del registro. Las dudas sobre un caso concreto se resuelven por el mecanismo de disputa previsto entre miembros, no por interpretación unilateral de una de las partes.
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