Canales directos para consultas institucionales

Si su entidad está evaluando adherir al registro compartido y necesita aclarar alcance, responsabilidades o límites antes de avanzar, puede escribirnos o llamarnos. Atendemos consultas de mesas OTC, custodios y gestores de fondos que quieran entender qué atributos viajan entre plazas y cuáles permanecen locales. No hay formulario en esta página: preferimos una conversación directa para ordenar las dudas técnicas y de gobernanza según el caso.

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Si su consulta es sobre un atributo puntual, conviene indicar la jurisdicción donde opera y el tipo de entidad. Así podemos responder con precisión sobre reconocimiento de credenciales y equivalencias regulatorias.

Dudas que conviene resolver antes de adherir

Adherir a un registro compartido de identidad no es una decisión de compra: es una decisión de gobernanza. Antes de firmar, las mesas OTC y las entidades financieras suelen plantear las mismas preguntas sobre alcance, límites y responsabilidades. Reunimos las más frecuentes con respuestas directas, sin promesas de por medio.

¿Qué atributos viajan entre entidades y cuáles quedan locales?

Alcance: Solo se comparte el resultado de la verificación: por ejemplo, la condición de inversor calificado, la vigencia de la credencial y la entidad que la emitió. Los documentos de origen, los extractos y los estados de cuenta permanecen en la entidad que los validó. La contraparte recibe una confirmación, no el expediente.

¿Una credencial emitida en una jurisdicción se reconoce en otra?

Reconocimiento: No de forma automática. Los marcos regulatorios no son equivalentes entre plazas y lo que una define como inversor profesional, otra lo divide en tramos con umbrales distintos. El consorcio mantiene un mapeo de equivalencias y deja explícito cuándo una credencial local no alcanza para cumplir con el estándar de la plaza de destino.

¿Qué ocurre si una credencial local no alcanza?

Límites: La entidad receptora puede exigir verificación adicional bajo su propio criterio. El registro no reemplaza el cumplimiento local: lo complementa cuando existe equivalencia reconocida. Ese límite se documenta por escrito para que ninguna parte asuma un reconocimiento que el estatuto no contempla.

¿Quién responde si un atributo verificado cambia?

Responsabilidad: La entidad que emitió la credencial es responsable de revocarla cuando el atributo deja de ser válido. El estatuto define los plazos y el procedimiento de revocación, y la trazabilidad de emisiones permite reconstruir qué entidad firmó qué y cuándo. La responsabilidad no se diluye entre los miembros.

¿Cómo se resuelve un desacuerdo entre entidades adheridas?

Disputa: El estatuto de gobernanza establece un mecanismo formal de resolución de disputas para los casos en que dos miembros no coinciden sobre la validez de un atributo. Sin ese procedimiento escrito, el sistema se degrada en la primera discrepancia seria y cada entidad vuelve a verificar por su cuenta.

¿Qué se puede auditar y qué no se almacena?

Auditoría: El registro conserva la trazabilidad de emisiones y revocaciones: cuándo se emitió una credencial, quién la firmó y cuándo se retiró. No almacena los documentos originales. Ese equilibrio permite responder requerimientos sin construir un archivo central de datos personales, siempre que las reglas de conservación y acceso se definan antes del primer incidente.

Si tu consulta no está en esta lista, el canal institucional sigue abierto para evaluar el caso concreto.

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Qué se comparte, qué queda local y quién responde

Antes de adherir a un registro compartido de identidad, las mesas OTC preguntan siempre lo mismo: qué atributos viajan entre entidades y cuáles no salen de la entidad que los verificó. Estas son las aclaraciones que conviene dejar por escrito desde el inicio, para que ninguna de las partes interprete el alcance a su manera.

Atributos que viajan y atributos que se quedan

Lo que circula entre entidades adheridas es la afirmación verificada, no el respaldo documental. Una credencial puede confirmar que una contraparte reúne la condición de inversor calificado para una plaza determinada, sin arrastrar extractos, declaraciones juradas ni estados de cuenta. El documento original permanece en la entidad que lo evaluó y emitió la credencial. Esa distinción es la que permite hablar de un registro compartido sin construir un archivo central de datos personales.

Reconocimiento entre jurisdicciones

Una credencial emitida bajo las reglas de un mercado no se acepta automáticamente en otro. Las categorías regulatorias no son equivalentes: lo que una plaza define como inversor profesional, otra lo divide en tramos con umbrales distintos. El registro exige mapear esas equivalencias caso por caso y dejar explícito cuándo una credencial local no alcanza para cumplir con el estándar de la plaza de destino. Ese mapeo es trabajo jurídico sostenido, no una configuración que se resuelve una sola vez.

Cuando el atributo verificado cambia

La condición de un inversor no es un dato fijo. Si el atributo certificado deja de ser válido, la entidad emisora revoca la credencial y esa revocación queda registrada. La responsabilidad de detectar el cambio recae en quien emitió, según las reglas de admisión y emisión que fija el estatuto de gobernanza. Las entidades que reciben la credencial no asumen la carga de revalidar el atributo por su cuenta, pero sí deben consultar el estado de vigencia antes de apoyarse en él.

Desacuerdos entre entidades adheridas

Puede ocurrir que dos miembros no coincidan sobre la validez de un atributo o sobre la procedencia de una revocación. El estatuto define un mecanismo de resolución de disputas para esos casos, con reglas de admisión, emisión y revocación acordadas antes de que aparezca el primer conflicto. Sin ese procedimiento escrito, la discrepancia se resuelve por la vía de los hechos y cada entidad vuelve a verificar por su cuenta, que es justamente lo que el registro busca evitar.

Auditoría sin almacenar documentos

La trazabilidad del registro se apoya en el historial de emisiones y revocaciones: cuándo se emitió una credencial, quién la firmó y cuándo dejó de estar vigente. Ese rastro permite responder un requerimiento de auditoría sin conservar el contenido de los documentos de origen. Qué se conserva, por cuánto tiempo y con qué nivel de acceso son decisiones que conviene tomar antes del primer incidente y no después.

Si tu entidad evalúa adherir y necesita precisar alguno de estos puntos, la consulta institucional se canaliza a través de la página de contacto.